La Justicia investiga al titular de la Unión Obrera Metalúrgica por una denuncia de presunta administración fraudulenta de fondos sindicales. La causa incorporó datos sobre el contrato con USEM, propiedades, viajes internacionales y movimientos patrimoniales de dirigentes vinculados a la conducción del gremio. 

La investigación judicial apunta a un acuerdo firmado entre la UOM y la empresa USEM, vinculada a dirigentes cercanos a La Cámpora, que según la denuncia presentada por opositores internos del sindicato habría obtenido el control operativo y financiero de una parte mayoritaria de los recursos gremiales.

De acuerdo con la presentación, el convenio permitía que la firma administrara desde 2023 hasta el 80% de los aportes sindicales, además de gestionar cuentas bancarias, pagos y otras operaciones financieras del gremio. El contrato tenía una duración prevista de 10 años e incluía honorarios equivalentes al 0,5% de la recaudación de la cuota sindical.

El expediente también sumó información patrimonial sobre María Soledad Calle, dirigente vinculada a la UOM y accionista de USEM. Entre los elementos incorporados aparecen la compra de un departamento ubicado debajo de la propiedad de Cristina Kirchner, otras dos propiedades en Campana y un registro de 114 viajes internacionales entre 2010 y 2026.

La causa avanzó luego de que el juez federal Julián Ercolini, tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano, ordenara un allanamiento en la sede nacional de la UOM para investigar la documentación vinculada al contrato entre el sindicato y USEM.

Tras la intervención judicial del gremio, el interventor Alberto Biglieri dispuso una auditoría sobre las cuentas de la organización y suspendió preventivamente los contratos firmados con USEM mientras se revisa el manejo de los fondos sindicales.

La investigación continúa en curso y busca determinar si existieron irregularidades en la administración de los recursos de la UOM y las responsabilidades de los involucrados.