Un fondo destinado a financiar obras de prevención de inundaciones está siendo utilizado para sostener las finanzas del Estado, cuando debería ejecutarse en la infraestructura que la ley ordena. Aunque los recursos son suficientes y están disponibles, la decisión política de aplicarlos en su destino original no se concreta.

Este desvío refleja una tensión recurrente: la necesidad de equilibrar números fiscales en el corto plazo versus la obligación de realizar inversiones que protejan a poblaciones del riesgo de desastres hídricos.

Las inundaciones constituyen un problema estructural que afecta a varias regiones del país, especialmente aquellas con actividad agrícola y ganadera intensiva. Fue justamente para enfrentar este flagelo que se creó un fondo presupuestario específico, con la intención de financiar obras concretas de contención y prevención.

Sin embargo, esos recursos terminan en otros capítulos del presupuesto estatal. Esto genera un efecto dual incómodo: permite que las autoridades presenten balances fiscales más favorables, mientras que las obras que deberían materializarse permanecen postergadas.

Lo paradójico es la disponibilidad de dinero. No se trata de una escasez de fondos que imposibilite la acción. Los recursos existen, están localizados en el sistema presupuestario y son accesibles. Lo que falta es la voluntad ejecutiva de canalizarlos hacia aquello para lo cual fueron originalmente destinados.

Así se produce una brecha entre la intención normativa y la realidad operativa: la ley establece que este dinero debe ir a obras contra inundaciones, pero termina alimentando las arcas generales del Tesoro. Mientras tanto, comunidades y productores en zonas vulnerables siguen sin acceso a las defensas que necesitan.

Imagen: Jess Chen / Pexels – Con informacion de Clarín Rural